¿Qué tan necesaria era la aprobación de la Ley que prohíbe el maltrato a niñas, niños y adolescentes? Análisis y Opinión-DAC 45

La última gran sorpresa que nos dió el Senado de la República fue la prohibición de los maltratos físicos y humillaciones a niños y adolescentes, y fue gracias a los 92 votos a favor de esta prohibición y 0 en contra.

La reforma a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal, prohibe el castigo general y humillante como método correctivo disciplinario. Esto quiere decir que, quedan prohibídos los cinturonazos, las cachetadas, la obligación de ingesta de alimentos hirviendo, la obligación a sostener posturas incómodas, provocarles quemaduras, etc, por parte de los padres, tutor, o quién posea la patria potestad, y además, encargados de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, etc.

Pero ¿Qué tan necesaria era tomar esa medida?

Según la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, las acciones son correctivas y no penales, ya que funcionan como un detonante para la intervención pública temprana en la prevención y atención de este tipo de violencia.

Además señaló que el 60% de menores de entre 1 y 14 años de edad, sufrieron violencia física y/o psicológica en sus hogares, desde el inicio de la cuarentena en México por el COVID-19.

Analizando esta situación, es una medida que ha tomado países como Suecia para evitar el abuso infantil, que casi en el 100% de veces, los afectados recurren a medidas extremas como huír de sus hogares, y en el peor de los casos, el suicidio.

Muchos hogares mexicanos están llenos de problemas de violencia familiar, y no únicamente infantil, debido a que un problema deriva a otro, y así sucesivamente, por lo cuál, se convierte en un infierno para quiénes tienen ese tipo de situaciones.

Según datos de la UNICEF, México ocupa el primer lugar en abuso y maltrato infantil, cosa que ha preocupado mucho a los mexicanos y a los presidentes de esta organización.

A mi opinión, es necesaria la creación de leyes así, debido a que su objetivo principal es no dañar la integridad de los menores, además de aplicar multas y sanciones a quiénes ignoren dichas leyes.

Los menores tienen derecho a que se les respete su integridad física, psíquica y moral.